Muchas personas creen que, si su abogado pierde el juicio, entonces debe responder por ello. La idea parece razonable: contraté a un profesional, el resultado fue malo y, por lo tanto, alguien tendría que indemnizarme.
Sin embargo, en materia de responsabilidad civil de abogados las cosas no funcionan así. Perder un caso no basta, por sí solo, para que el abogado deba pagar una indemnización. Pero tampoco es cierto lo contrario: un abogado no es intocable. Cuando actúa con negligencia y esa negligencia produce un daño concreto, el ordenamiento puede obligarlo a repararlo.
En esta entrada explicamos cuándo procede exigir esa reparación en Chile, cuáles son los errores más frecuentes y —lo más complejo de todo— cómo se determina el daño.
¿Qué es la responsabilidad civil de abogados?
La relación entre un abogado y su cliente es, por regla general, un contrato. Y cuando el encargo consiste en llevar la defensa de un juicio, nuestro Código Civil somete esa relación a las reglas del mandato, tal como lo dispone su artículo 2118: los servicios de las profesiones que suponen largos estudios se sujetan a dichas reglas.
De ahí se desprende una consecuencia fundamental. La obligación del abogado es una obligación de medios y no de resultado.
Esto significa que el abogado no se compromete a ganar el juicio. Se compromete a algo distinto: a poner al servicio del caso su diligencia, su conocimiento del derecho y la técnica profesional exigible, actuando con el cuidado de un buen profesional. En otras palabras, responde por cómo trabaja, no por el resultado final del pleito.
Perder el juicio no significa que el abogado sea responsable
Este es el punto que más confusión genera, y conviene dejarlo claro.
Así como un médico no garantiza la sanación del paciente, un abogado no garantiza el éxito de la demanda. El resultado de un juicio depende, en última instancia, de una decisión del tribunal, que es un tercero independiente y ajeno a la voluntad del abogado.
Por eso, el solo hecho de haber perdido no puede tomarse como una presunción de culpa del profesional. Si así fuera, en casi todo juicio habría un abogado “culpable”, porque en la mayoría de los procesos una parte gana y la otra pierde. Ese razonamiento es inadmisible.
En consecuencia, para hablar de responsabilidad civil de abogados no basta con señalar el mal resultado. Hay que acreditar algo más.
¿Cuándo responde civilmente un abogado?
Para que un abogado deba indemnizar deben concurrir, en términos generales, tres requisitos:
- Una conducta negligente: que el abogado no haya empleado la diligencia y la pericia que el caso exigía.
- Un daño: un perjuicio real y acreditado para el cliente.
- Una relación de causalidad: que ese daño sea consecuencia de la negligencia y no de otra causa.
Ahora bien, hay un punto procesal decisivo: la carga de la prueba recae en el cliente. Es quien demanda el que debe probar la negligencia, el daño y el vínculo entre ambos (artículo 1698 del Código Civil). El abogado, en principio, goza de una presunción de diligencia en su actuar profesional.
Este criterio no es teórico. En un caso conocido, el abogado demandado intentó invertir esa carga invocando el artículo 2158 del Código Civil —que exige al mandante probar la culpa del mandatario—. La Corte Suprema descartó ese argumento: quien demanda perjuicios por un actuar negligente es el propio cliente, y la culpa debe acreditarse en el juicio, cosa que en ese caso se tuvo por probada.
Los errores más frecuentes: las “culpas de agenda”
En la práctica, buena parte de las demandas contra abogados nacen de descuidos procesales, que la doctrina llama gráficamente “culpas de agenda”. Entre los más habituales encontramos:
- Dejar que prescriba la acción del cliente por no demandar a tiempo.
- Dejar que se declare el abandono del procedimiento por inactividad.
- Presentar un recurso fuera de plazo o no interponerlo, dejándolo desierto.
- No informar al cliente sobre el estado del juicio, sobre un plazo relevante o sobre las vías que tiene para reclamar.
A ellos se suman las fallas de fondo: un planteamiento técnico manifiestamente equivocado o el desconocimiento de normas y jurisprudencia que el abogado debía conocer. En estos casos, eso sí, los tribunales suelen exigir un error patente e injustificable, y no una simple diferencia de criterio jurídico.
El problema central: ¿en qué consiste el daño?
Aquí está el verdadero corazón del asunto. Supongamos que el abogado, efectivamente, dejó prescribir la acción. La pregunta difícil no es si fue negligente, sino otra: ¿qué perdió realmente el cliente?
La respuesta admite matices, y conviene distinguir tres situaciones.
1. Privación de la pretensión. A veces puede afirmarse, con certeza o con una probabilidad rayana en ella, que la acción frustrada habría prosperado. Piénsese en un acuerdo ya cerrado que solo faltaba formalizar ante el tribunal. En ese escenario, el cliente perdió el resultado mismo, y la indemnización tiende a coincidir con el valor íntegro de lo que reclamaba. Es un daño cierto, cercano al daño emergente.
2. Pérdida de la oportunidad (la “chance”). Es el caso más común. Cuando el abogado presenta la demanda o el recurso fuera de plazo, casi nunca puede asegurarse que se habría ganado. Lo que el cliente pierde, entonces, no es la sentencia favorable, sino la oportunidad de obtenerla. Ese daño es indemnizable, pero con matices: la mayor o menor probabilidad de éxito no elimina el daño, sino que gradúa el monto de la indemnización.
3. Privación del derecho a que el caso sea conocido. En ocasiones lo que se lesiona es, más bien, la posibilidad de acceder a los tribunales o a un recurso. Su cuantificación es la más difícil, porque no tiene un valor económico directo.
Para estimar estas probabilidades, los tribunales suelen recurrir al llamado “juicio dentro del juicio”: un análisis hipotético de cuál habría sido, con un grado razonable de probabilidad, el desenlace del asunto frustrado. Es un ejercicio delicado, pero necesario para no atribuir al abogado, sin más, un resultado que nunca fue seguro.
Dos fallos chilenos que muestran la diferencia
Nada ilustra mejor este problema que comparar dos sentencias con hechos parecidos —en ambas hubo abandono del procedimiento— y resultados opuestos.
Miranda con Solovera: cuando el daño es cierto
En este caso, el abogado defendía a un cliente que reclamaba los perjuicios de un incendio. En primera instancia ya se le habían reconocido $5.000.000. Sin embargo, el abogado no informó del estado del juicio, dejó que se declarara el abandono del procedimiento y no apeló ni de la sentencia ni del abandono. Como consecuencia, esos cinco millones —ya reconocidos— se perdieron, y para entonces cualquier nueva acción estaba prescrita.
La Corte Suprema, en 2010, mantuvo la condena al abogado al pago de $5.000.000 por daño emergente. La clave está en que el perjuicio era cierto: no se trataba de una mera expectativa, sino de una suma que el cliente tenía prácticamente asegurada y que la negligencia hizo desaparecer.
Rojas con CAJ: cuando el daño es solo hipotético
El segundo caso también involucró un abandono del procedimiento, esta vez en una causa laboral. Pero aquí la Corte de Apelaciones de Valdivia, en 2006, rechazó la demanda.
¿Por qué? Porque el daño no era cierto. La demanda laboral original contenía un error que había motivado una excepción de caducidad, de modo que las probabilidades de éxito eran muy bajas. El tribunal recurrió expresamente a la idea de la “pérdida de una chance” y concluyó que, siendo la oportunidad tan remota, el daño resultaba hipotético y eventual. Y un daño incierto no se indemniza.
La lección es nítida: entre condenar y absolver, muchas veces el fiel de la balanza no es la negligencia —que en ambos casos existió—, sino la certeza y la entidad del daño.
¿Puedo entonces demandar a mi abogado?
Sí, es posible, pero el éxito de esa demanda no depende de que hayas perdido tu caso anterior. Depende de que puedas demostrar tres cosas: que tu abogado actuó con negligencia, que ello te provocó un daño y que ese daño era real y no una simple expectativa lejana.
Por eso, si crees haber sido perjudicado por la actuación de tu abogado, conviene reunir desde ya los antecedentes del juicio anterior: la causa, sus resoluciones, la comunicación que mantuviste con el profesional y todo aquello que permita reconstruir qué se perdió y con qué probabilidad. Cada situación es distinta y debe analizarse conforme a su propia prueba.
Conviene tener presente, además, que la procedencia y la extensión del daño moral en sede contractual sigue siendo una materia discutida en nuestro derecho, lo que hace especialmente relevante una buena estrategia probatoria. Sobre cómo se acredita ese daño puedes revisar nuestra entrada sobre daño al proyecto de vida y prueba del daño moral.
Reflexión final
La responsabilidad civil de abogados descansa sobre un equilibrio. Por un lado, el abogado no responde por perder un juicio, porque su obligación es de medios y el resultado nunca está garantizado. Por otro, cuando su negligencia priva al cliente de un derecho o de una oportunidad seria y acreditada, el ordenamiento no lo deja sin reparación.
Entre esos dos extremos, casi todo se juega en un terreno técnico: distinguir cuándo el cliente perdió un resultado cierto, cuándo perdió solo una oportunidad y cuánto valía esa oportunidad. Es un análisis exigente, pero es precisamente ahí donde se decide si una demanda de este tipo tiene futuro.
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Fuentes
- Código Civil de Chile (artículos 2118, 2158, 1698 y 1556): Biblioteca del Congreso Nacional — Código Civil de Chile
- Corte Suprema, Miranda con Solovera, Rol N° 7606-2010, 10 de noviembre de 2010.
- Corte de Apelaciones de Valdivia, Rojas con Corporación de Asistencia Judicial, Rol N° 1084-2006, 26 de diciembre de 2006.
